De todas las reformas pendientes de acometer en el sistema sanitario español, una acumula posiblemente más polvo que las demás en los cajones de los departamentos ministeriales: la de la reducción de las bajas por incapacidad temporal y el absentismo laboral. Aparte del lógico temor a la ira sindical, una de las posibles razones de que ningún Gobierno o comunidad haya hecho prácticamente nada en este campo, más allá de difusos convenios de colaboración, es que existen varias administraciones, departamentos y organismos implicados en la gestión y la lucha contra presuntos fraudes, entre los que figuran las consejerías de Sanidad de las autonomías, el Ministerio del ramo, Empleo y Seguridad Social, las mutuas de accidentes de trabajo y, si me apuran, hasta el Ministerio de Hacienda.
El caso es que unos por otros, la casa sigue sin barrer y los resultados, en forma de cifras, son demoledores para las arcas públicas. En 2016, por ejemplo, el repunte del absentismo impulsado por la salida de la crisis económica supuso un coste para las mutuas y la Seguridad Social de 5.900 millones de euros, un 16,27% más que en 2015. El pasado año, la duración media de cada proceso se disparó hasta los 38,46 días, aunque en provincias como Lugo el guarismo se elevó hasta la friolera de los 72,51 días de media. En otras, en cambio, como Guadalajara o Barcelona, la duración no superó los 27 días. ¿Cómo puede registrarse semejante diferencia dentro de un mismo país?
El caballo de batalla de la reforma pendiente está en la ampliación del papel que han de jugar las mutuas en los procesos de alta, algo que los sindicatos consideran casus belli, pese al empeño empresarial manifestado por CEOE y Cepyme en negociarlo. La Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales estima que si estos organismos colaboradores de la Seguridad Social tuvieran mayor implicación a la hora de determinar la permanencia o no en situación de baja de los trabajadores, España podría ahorrar 2.160 millones cada año que bien podrían destinarse al maltrecho sistema de pensiones.
Estos datos se basan en los alrededor de 4,5 millones de procesos de este tipo registrados en 2016, un 15,19% más que en 2015. El coste estimado para las empresas rondó los 4.800 millones, mientras que el derivado de los bienes y servicios que se dejaron de producir se elevó por encima de los 61.921 millones, según la patronal del sector. El coste del absentismo golpea a todos los sectores, y la sanidad no queda indemne, en cuanto que hospitales y centros de salud figuran entre los mayores empleadores del país. En su época como consejero de Sanidad, Juan José Güemes acometió una dura reforma en Madrid. En 2010, cada sanitario permanecía de baja 21 días, lo que suponía un coste para la Comunidad de 200 millones. Sus medidas frenaron el crecimiento, pero no lo cercenaron.
PREGUNTAS CON RESPUESTA
¿Qué hospital madrileño arrastra una herencia «negra» con los proveedores que irrita sobremanera a su actual gerente?
¿Qué conocido médico se está ofreciendo como gerente y responsable de relaciones institucionales a asociaciones de pacientes y a alguna sociedad científica?
¿Qué empresa sanitaria privada no logra desarrollar el plan estratégico que se trazó para éste y el próximo año? ¿Por qué?
¿Qué gerentes de una comunidad han trasladado ya a su consejería que no toleran tratos despóticos y que por las malas no funcionan?
Autor Sergio Alonso
Fundador y director del suplemento A tu salud del diario LA RAZÓN