Al cabo del tiempo se ha hecho realidad, al menos sobre el papel, la universalidad de la sanidad pública en España. Era la idea con la que, hace bastante tiempo, habían trabajado los que deseaban para nuestro país un Servicio de Salud similar al inglés, y han pasado 32 años para completar uno de los principios generales de la Ley General de Sanidad (LGS), aprobada en 1986. Ahora, aprobada la universalización de la asistencia sanitaria pública a toda la población, se pone fin a la Disposición Transitoria Quinta de la LGS en donde se decía que la extensión de dicha asistencia se efectuaría de forma progresiva.
Llegados a este punto todavía faltan algunos caminos por recorrer, pues no se entiende la universalización sin poner fin a las limitaciones que encorsetan la universalidad. La primera de todas, la ausencia de una tarjeta única que permita el acceso a la asistencia universal sin cortapisas. Pienso, como se llegó a hablar, que podría ser el DNI, pues nos permitiría viajar por el territorio nacional/estatal sin las limitaciones que comporta la tarjeta sanitaria de cada Servicio de Salud que, en ocasiones, no sirve ni para acudir al médico del pueblo de al lado.
Existe un segundo aspecto que, desde algún punto de vista, podría parecer contradictorio con el planteamiento anterior: es la necesidad de que nuestro Sistema Nacional de Salud, la Sanidad Pública, establezca unos límites de actuación; es decir, debe definirse, para no entrar en contradicción con los presupuestos que se le asignan, cada vez más limitados. Y es que tal contradicción (una asistencia sin límites y unos presupuestos limitados) genera las limitaciones del sistema, que son las listas de espera para los pacientes y las demoras en los pagos a los proveedores, consecuencias ambas de la indefinición del sistema.
Y falta un tercer aspecto a considerar, que es el de los copagos, sobre los que debería volverse a fin de darles un sentido propio dentro del sistema y no sólo como instrumento de recaudación adicional presupuestaria. A mi modo de entender, el copago es una llamada de atención al usuario/paciente para que tome conciencia de que la asistencia no es gratis, por más que salga de carácter redistributivo que tienen los presupuestos. Una conciencia del coste contribuiría a desterrar el uso inadecuado de los servicios puestos a nuestra disposición. No me cabe duda de que se trata de un debate duro, pero necesario.
De todos modos, con la universalización de la asistencia pública comienza una nueva etapa en la que, una vez más, se van a enfrentar las dos concepciones que tiran sobre el sistema en direcciones opuestas: la de los partidarios de volver a los principios rudimentarios del sistema, los de la Seguridad Social, que hacen de la sanidad un instrumento al servicio del Estado, y la de quienes defienden la asistencia pública como derecho de la persona y, en consecuencia, ponen al Estado al servicio de ésta.
A la hora de elegir, yo opto por este último planteamiento. Por más que piense que, para hacer realidad la universalidad, el sistema precisa de algunas reformas elementales.
