La reforma del sistema de financiación autonómica que el Gobierno teje a marchas forzadas tras aprobar por la vía rápida el llamado cupo vasco va a ser determinante para el devenir de la Sanidad en los próximos años. Tan determinante, que habrá un antes y un después para el Sistema Nacional de Salud, para bien o para mal, en función de los parámetros que finalmente se escojan para determinar el nuevo reparto de fondos y del ímpetu que muestre el Ejecutivo a la hora de eliminar de forma estructural ineficiencias, evitar duplicidades y reducir gasto innecesario en un sector necesitado de verdaderas reformas que no se han producido en los últimos años pese al fragor de la crisis. Para que tenga un impacto real en la Sanidad, el modelo que se negocia ha de partir de tres premisas fundamentales en este ámbito.
La primera de ellas supone reconocer que el sistema sanitario se encuentra infrafinanciado en porcentaje de PIB y que no aguantará mucho más si no recibe una inyección solvente de recursos adicionales. Para certificar este dato compárese cualquier presupuesto proyectado con el finalmente ejecutado y se podrá apreciar la desviación crónica y generalizada que existe en todos los niveles del sistema.
Estos recursos pueden proceder de una mayor dotación presupuestaria -en clara competencia con otros gastos como el de las pensiones, la educación, la obra pública o el pago de los intereses de la deuda-, de una mayor delegación en las autonomías a la hora de recaudar determinados impuestos, de la cesión de parte del incremento recaudatorio a éstas últimas, o de una reestructuración o quita parcial de la deuda que mantienen las regiones con el Estado a través del FLA -de 232.834 millones-, con el fin de liberar recursos para la Sanidad. Esta última es una de las opciones por las que apuestan los expertos y por la que parecen decantarse el Ministerio de Hacienda y la mayoría de las autonomías.
La segunda premisa pasa por orientar el gasto que cada comunidad decide destinar a la Sanidad, pues no parece de recibo que recibiendo cantidades equivalentes, algunos feudos infrafinancien sus hospitales y centros de salud para dotar con la cantidad sobrante otras partidas, mientras se quejan en público de los escasos fondos que reciben para ejecutar políticas sociales.
¿Cómo hacerlo? Ejerciendo el Estado el papel de liderazgo y de autoridad central que le confieren las leyes. La tercera y fundamental premisa pasa por vincular el incremento financiero global a una serie de objetivos sanitarios que redunden en la eliminación de gastos redundantes o frenen inversiones injustificadas. El acuerdo con Farmaindustria, cuestionado ahora de forma demagógica por algunos feudos, puede ser un buen punto de partida para domeñar el gasto sin frenar el acceso a la innovación, aunque el Gobierno debe ir más allá si pretende que la reforma financiera no quede desfasada.
PREGUNTAS CON RESPUESTA
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Autor Sergio Alonso
Fundador y director del suplemento A tu salud del diario LA RAZÓN